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Nueva Ley de Parcelaciones

Protección del Territorio y la Vida Rural: Todo lo que Necesitas Saber sobre la Nueva Ley de Parcelaciones

En respuesta al crecimiento descontrolado de las parcelaciones rurales en Chile, el gobierno ingresó el proyecto de ley de Protección del Territorio y la Vida Rural en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta propuesta busca abordar los problemas agrícolas, ambientales, de planificación territorial y normativos derivados del uso habitacional en zonas rurales, donde originalmente se establecían fines agrícolas, ganaderos o forestales. A continuación, exploramos los detalles de esta ambiciosa iniciativa.

¿Por qué es Necesaria esta Ley?

El aumento exponencial de las parcelaciones rurales destinadas a usos habitacionales ha comprometido extensas superficies de suelo rural. Se estima que las parcelaciones actuales abarcan entre 175 mil y 300 mil hectáreas, una cifra comparable a las 208.688 hectáreas urbanas existentes en todo Chile. Este fenómeno se desarrolla sin planificación, con pobres niveles de control y mínimas exigencias legales, generando:

  • Pérdida de suelos agrícolas de alta capacidad productiva.
  • Externalidades negativas no mitigadas.
  • Conflictos ambientales y sociales por la falta de regulación.

Además, este tipo de loteos representa una oportunidad para capturar plusvalías del suelo en favor de desarrolladores inmobiliarios, afectando un desarrollo territorial equitativo y sustentable.

El Marco Legal Actual

En Chile, la normativa rural permite la subdivisión de predios en lotes mínimos de 0,5 hectáreas bajo el Decreto Ley N° 3.516, destinado exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o forestales. También se autorizan viviendas excepcionales para propietarios, trabajadores agrícolas o viviendas sociales. Sin embargo, algunos desarrolladores han utilizado vacíos legales para promover parcelaciones residenciales, lo que ha llevado a la Contraloría General de la República a calificar estas prácticas como un fraude a la ley.

¿Qué Propone el Proyecto de Ley?

La iniciativa busca distinguir entre subdivisiones para fines silvoagropecuarios y aquellas para usos habitacionales, dotándolas de tratamientos acordes a su naturaleza. Entre las principales medidas destacan:

1. Fortalecimiento de la fiscalización:

Se refuerzan las restricciones para subdivisiones prediales silvoagropecuarias, manteniendo la superficie mínima de 0,5 hectáreas y prohibiendo su uso habitacional.

2. Creación de Conjuntos Residenciales Rurales:

Se establece un nuevo mecanismo para subdivisiones habitacionales con requisitos claros, como:

  • Sistemas formales de agua, alcantarillado, electricidad y recolección de residuos.
  • Acceso a caminos públicos.
  • Medidas de prevención de incendios y normas de convivencia.
  • Destino parcial de la superficie para actividades silvoagropecuarias o de conservación ambiental.

3. Garantías para compradores:

Promitentes compradores deberán firmar contratos caucionados por pólizas de seguro o boletas bancarias, garantizando la seguridad en las transacciones.

4. Transición para propietarios actuales:

Aquellos que adquirieron parcelas antes de la nueva ley tendrán tres años para solicitar la autorización para construir una vivienda unifamiliar, cumpliendo con los nuevos estándares.

Impactos del Crecimiento Inorgánico

El crecimiento desregulado de parcelaciones rurales tiene consecuencias profundas en varios ámbitos:

1. Agricultura

  • Reducción de suelos agrícolas de alta productividad.
  • Conflictos entre asentamientos residenciales y actividades agrícolas (ej. ataques de fauna doméstica al ganado).

2. Medio Ambiente

  • Pérdida de biodiversidad y ecosistemas clave.
  • Urbanización en áreas sensibles en plena crisis climática.

3. Gestión Territorial

  • Aumento de costos para municipios y servicios públicos.
  • Extensión de la urbanización sin infraestructura adecuada, dificultando la recolección de residuos, transporte, y servicios básicos.

4. Planificación Urbana

  • Fragmentación territorial que fomenta la segregación socioespacial.
  • Desarrollos habitacionales destinados principalmente a sectores de altos ingresos o viviendas informales de baja calidad.

Etapa Legislativa y Modificaciones Normativas

El proyecto ingresó formalmente el 30 de julio de 2024 y actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. Entre las normativas que propone modificar se incluyen:

  • Ley General de Urbanismo y Construcciones: Para crear y regular conjuntos habitacionales rurales.
  • Decreto Ley N° 3.516: Refuerzo de las restricciones para subdivisiones agrícolas.
  • Ley N° 18.755: Ajustes en el rol del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para fiscalizar subdivisiones.

Hacia un Desarrollo Sustentable del Territorio Rural

El proyecto de ley de Protección del Territorio y la Vida Rural busca frenar el descontrol en las subdivisiones rurales, garantizando un uso planificado y sustentable del suelo rural. Al diferenciar claramente los fines habitacionales de los silvoagropecuarios y establecer estándares claros para cada tipo de loteo, se pretende proteger los suelos agrícolas, reducir las externalidades negativas y mejorar la calidad de vida en el ámbito rural.

Su éxito dependerá del consenso logrado en el debate legislativo y de la implementación efectiva de las medidas propuestas. Sin duda, se trata de un paso clave para enfrentar los desafíos que plantea el crecimiento exponencial de las parcelaciones rurales en Chile.

¿Para cuando esperar la Promulgación de la Nueva Ley de Parcelaciones en Chile?

La promulgación de la nueva Ley de Parcelaciones en Chile aún no tiene una fecha definida, ya que el proceso legislativo depende de múltiples factores, como la complejidad de la ley, los acuerdos políticos necesarios y las prioridades de la agenda legislativa del Congreso.

Actualmente, el proyecto está en discusión en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, y su avance dependerá del consenso parlamentario. Se recomienda seguir las actualizaciones oficiales para conocer el progreso y la eventual entrada en vigor de esta nueva legislación.

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